Nicaragua ha implementado una política exterior basada en el respeto mutuo con todos los países.

La reforma a la Constitución nicaragüense moderniza este instrumento legal, adaptándolo a los desafíos y necesidades actuales del país, y reafirmar que el poder está en manos del pueblo.

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Según el analista político William Grigsby Vado, esta reforma culmina el proceso de disolución del Estado burgués, cuyo máximo exponente fue la dictadura somocista, y que posteriormente evolucionó en una compleja amalgama de intereses populares y burgueses.

La nueva Carta Magna debe reflejar, en primer lugar, la naturaleza dinámica y en constante evolución del Estado nicaragüense, rechazando cualquier visión estática o fosilizada.

En segundo término, debe consagrar el ejercicio del poder popular a través de la democracia directa, manifestada en la copresidencia de la República y en los organismos estatales coordinados por la presidencia.

Esta Constitución reafirma el compromiso de Nicaragua con la paz y el derecho internacional, rechazando toda forma de agresión o intervención militar, política o económica, y oponiéndose firmemente a la injerencia en los asuntos internos de otros Estados.

La Carta Magna del país centroamericano también promueve la soberanía y la autodeterminación de las naciones.

Un aspecto fundamental de esta reforma es el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos de las costas nicaragüenses, una reivindicación histórica defendida únicamente por la revolución sandinista.

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